Actas – 13-15 de agosto de 2024
Celina Realuyo, Luciano Stremel Barros, and Chase Boone
Resumen Ejecutivo
Del 13 al 15 de agosto de 2024, el «Encuentro Regional sobre los Nuevos Desafíos para la Seguridad Pública en Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos – Unidos por un hemisferio más Seguro» reunió a más de 400 expertos, Magistrados, Jueces, Fiscales, Policías, Militares, Ministros, Abogados, Gremios, funcionarios de alto rango y líderes en la Triple Frontera para abordar las amenazas apremiantes en materia de seguridad. El foro exploró retos transnacionales como el crimen organizado, la ciberseguridad, la trata de personas y la financiación del terrorismo, seguridad penitenciaria casos de éxitos y lecciones aprendidas, destacando las vulnerabilidades de las fronteras porosas y la explotación de las dinámicas regionales por parte de las redes criminales. A través de estudios de casos, recomendaciones políticas y reflexiones operativas, los participantes resaltaron la importancia de la cooperación internacional, el intercambio de inteligencia, las asociaciones público-privadas y las reformas sistémicas. El evento subrayó la necesidad de estrategias de colaboración y adaptación para reforzar la seguridad pública, mitigar los riesgos, prevenirlas y promover la estabilidad en todo el hemisferio occidental.
Palabras clave: Triple Frontera (TBA); Crimen Organizado Transnacional; Ciberseguridad; Financiación del Terrorismo; Trata de Personas; Reforma Penitenciaria; Colaboración Transfronteriza; Asociaciones Público-Privadas; Intercambio de Inteligencia; Estabilidad Regional; Protección de Infraestructuras Críticas; Contrabando; Seguridad Fronteriza; Innovación en Seguridad.
Introduction
Del 13 al 15 de agosto de 2024 se realizó en Foz do Iguaçu, Brasil; Ciudad del Este, Paraguay; y Puerto Iguazú, Argentina, la «Reunión regional sobre los nuevos desafíos para la seguridad pública en Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos – Unidos por un hemisferio más seguro». Este foro de alto nivel reunió a más de 400 participantes, entre los que se contaban funcionarios gubernamentales, dirigentes de las fuerzas del orden, académicos y expertos del sector procedentes de más de 30 organizaciones, para hacer frente a la intrincada red de problemas de seguridad que afectan a esta región de importancia estratégica. Con la escalada de las amenazas transnacionales como trasfondo, la conferencia proporcionó una plataforma fundamental para el diálogo, el análisis y la colaboración a fin de abordar los múltiples retos en materia de seguridad a los que se enfrenta la Triple Frontera, una región marcada por el dinamismo económico y la importancia geopolítica. El evento sirvió de plataforma crucial para explorar el crimen organizado transnacional, la seguridad fronteriza, la ciberseguridad, la financiación del terrorismo, la trata de personas y la reforma penitenciaria.
Los debates del foro reflejaron la dinámica única y compleja de la Triple Frontera, una región en la que la convergencia de la actividad económica descontrolada, la porosidad de las fronteras y la diversidad cultural generan oportunidades para el comercio legítimo y la actividad ilícita. Los panelistas destacaron la persistente vulnerabilidad ante el contrabando, la trata de personas, el tráfico de drogas y armas, el cibercrimen, los delitos financieros y la presencia potencial de redes terroristas. La reunión, de tres días, hizo hincapié en la creciente importancia de la cooperación internacional, la coordinación entre organismos y la adopción de estrategias unificadas para combatir estas amenazas transnacionales con eficacia.
Durante los tres días, los expertos ponentes presentaron una gran cantidad de conocimientos a través de estudios de casos, perspectivas operativas y recomendaciones de políticas públicas. Los temas de los paneles abarcaron desde la integración de la ciberseguridad en la protección de infraestructuras críticas hasta el papel del intercambio de inteligencia en el seguimiento de las redes de crimen organizado. Los debates también exploraron el impacto de las nuevas tecnologías y la digitalización, que han abierto nuevas vías para la ciberdelincuencia, la financiación ilícita y la trata de personas. Los ponentes subrayaron la urgente necesidad de reforzar las asociaciones entre el sector público y el privado, localmente e internacionalmente, armonizar los marcos jurídicos nacionales e invertir en iniciativas de capacitación para hacer frente a las cambiantes amenazas en materia de seguridad.
Un tema recurrente en los debates fue la persistencia de las redes de crimen organizado y su capacidad para explotar las vulnerabilidades particulares de la región. Las rutas de contrabando, el tráfico de drogas y armas y los delitos financieros prosperan en la zona y se ven facilitados por los insuficientes controles fronterizos y el complejo panorama socioeconómico de la región. Sin embargo, al unir a representantes de múltiples naciones y sectores, el foro proporcionó un marco para la colaboración más amplia necesaria para combatir la delincuencia transnacional. Los participantes subrayaron la urgencia de establecer estrategias unificadas que trasciendan las fronteras nacionales, armonicen las políticas y aprovechen los recursos colectivos.
El foro también arrojó luz sobre los éxitos operativos y los retos a los que se enfrentan las fuerzas de seguridad en la Triple Frontera. En las ponencias se destacaron iniciativas como el Comando Tripartito, que fomenta la colaboración transfronteriza entre Brasil, Argentina y Paraguay, y las recientes reformas de los sistemas penitenciarios destinadas a desmantelar las redes de crimen organizado que operan desde el interior de las prisiones. Estos ejemplos subrayaron el valor de las lecciones aprendidas de las estrategias de colaboración y reforma para superar los retos operativos, mejorar la eficacia de la seguridad y reforzar la estabilidad regional.
En conjunto, estas actas recogen la amplitud y profundidad de las ideas y recomendaciones del foro y ofrecen una visión global de los retos, estrategias y soluciones posibles y una hoja de ruta hacia el futuro. La recopilación de estos resultados constituye un valioso recurso para comprender y abordar el cambiante panorama de la seguridad en las Américas. Más allá de su enfoque inmediato en la Triple Frontera, las conclusiones del foro contribuyen a un conocimiento más amplio de las medidas necesarias para mejorar la seguridad, fomentar la prosperidad y promover la estabilidad en todo el hemisferio.
El foro destaca la necesidad de una cooperación regional sostenida, un pensamiento innovador y un enfoque holístico de la seguridad. Al reunir diversas perspectivas y fomentar el diálogo entre las partes interesadas, el evento abordó las vulnerabilidades actuales y sentó las bases para construir un hemisferio occidental más seguro y resiliente. A medida que se vayan aplicando, estas recomendaciones tendrán el potencial de configurar políticas de seguridad y defensa que den prioridad a la colaboración, la adaptabilidad y la responsabilidad compartida a la hora de afrontar los retos de un mundo en rápida evolución.
DÍA 1, FOZ DO IGUAÇU, BRASIL
DÍA 1, PANEL 1 – Comando Tripartito y Acciones para Combatir el Crimen Organizado en la Triple Frontera
Marco Berzoini Smith (Brasil), Delegado Jefe de la Policía Federal de Foz do Iguaçu (PR-Brasil)
La Policía Federal en Foz do Iguaçu tiene características distintivas que merecen ser contextualizadas: es la mayor unidad de la Policía Federal en Brasil y tiene el estatus de unidad de gestión, supervisando recursos y contratos para Foz do Iguaçu y otras ciudades vecinas. Es la segunda mayor unidad en estadísticas, sólo superada por São Paulo en cuanto a arrestos, detenidos, casos de inmigración, etc. Los principales retos criminales están relacionados con el contrabando, la evasión fiscal y el tráfico de drogas, armas y municiones. También destaca la colaboración con otros organismos, como el Batallón de Policía de Fronteras (BPFron), la Policía Federal de Carreteras (PRF) y la Hacienda Federal (R.F.), entre otros. Las principales rutas para el transporte de productos ilícitos incluyen el lago de Itaipú, la carretera federal BR-277 y el aeropuerto. Otros delitos fronterizos persistentes son el blanqueo de dinero y la evasión de divisas. La mitigación de riesgos y delitos se produce principalmente a través de operaciones integradas, con especial atención al Comando Tripartito, establecido tras dos atentados terroristas en Argentina. Este acuerdo operativo se firmó en Puerto Iguazú, Argentina, el 18 de mayo de 1996, entre los Ministros del Interior de Argentina (Carlos Y. Corach), Paraguay (Juan Manuel Morales) y el Ministro de Justicia de Brasil (Nelson Azevedo Jobim).
El Comando Tripartito cuenta con la participación de las fuerzas policiales federales y los servicios de inteligencia de Brasil, Argentina y Paraguay. La presidencia es por turno, y cada país asume el liderazgo cada cuatro meses, lo que infunde al Comando prioridades distintas de las de la nación que lo preside. Se celebran reuniones semanales de inteligencia y reuniones mensuales entre los tres países.
En Brasil, la Policía Federal es un representante permanente, con participación de la Policía Federal de Carreteras (DPRF) y la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) en determinadas reuniones. En Argentina, la representación cambia anualmente entre las fuerzas participantes: Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Policía Federal Argentina (PFA), Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el Departamento Tri-fronterizo (INTERPOL). En Paraguay, el representante es la Policía Nacional de Paraguay (PNP). Este modelo operativo del Comando Tripartito permite intercambios rápidos de información sobre individuos con órdenes de detención, personas desaparecidas o vehículos robados. Se ha prestado especial atención a la vigilancia de los movimientos de las facciones criminales hacia las ciudades con fronteras terrestres con Paraguay, especialmente desde el estado de Mato Grosso do Sul.
DÍA 1, PANEL 2 – Infraestructuras críticas y ciberseguridad: Casos de Brasil y Estados Unidos
Dr. Boris Saavedra (EE.UU.), Profesor del Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry
Proteger las infraestructuras críticas es una prioridad estratégica para los países, especialmente en la era digital, en la que el crimen organizado ha encontrado nuevos métodos para atacar sistemas esenciales. Comprender las complejidades de las infraestructuras críticas y su relación con el crimen organizado es vital para elaborar políticas y estrategias eficaces de ciberseguridad. Muchos ataques son llevados a cabo por grupos cibercriminales organizados, siendo especialmente dañinos los ataques de ransomware, que buscan pagos a cambio de liberar los sistemas secuestrados. La situación en América Latina es alarmante. Un informe reciente de la OEA y Microsoft revela que el 69% de los países de la región informaron de un aumento de los ciberataques en 2023. A pesar de ello, el 57% carece de presupuestos dedicados a medidas de ciberseguridad, lo que aumenta la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas. En numerosos casos, incluso cuando los presupuestos han aumentado, el 59% de los países sigue considerando que estos fondos son insuficientes. Las asociaciones público-privadas y la cooperación internacional son esenciales para lograr una ciber-resiliencia eficaz.
Entre las principales recomendaciones figuran el establecimiento de un claro reparto de responsabilidades, la elaboración de parámetros de seguridad, la creación de mecanismos de alerta temprana, la inversión en capital humano y técnico y el refuerzo de la ciber-resiliencia mediante la colaboración internacional. El marco de seguridad del NIST sirve como un modelo clave en la lucha contra los ciberataques. Surgió de la orden ejecutiva de 2013 del presidente Obama, que encargó al NIST el desarrollo de normas y prácticas para proteger las infraestructuras críticas de Estados Unidos. Este enfoque ha sido fundamental para guiar a otros países en la creación de políticas sólidas de ciberseguridad. Además, el liderazgo en ciberseguridad y la toma de decisiones estratégicas alineadas con la tolerancia al riesgo son esenciales para hacer frente a las amenazas actuales. Los líderes deben fomentar la concienciación y la educación continua, garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar eficazmente las crisis durante los incidentes. En resumen, la protección de las infraestructuras críticas es un reto global, en el que los beneficios de una ciber-infraestructura robusta incluyen la mejora de la seguridad nacional, el aumento de la confianza pública y la estabilidad para las actividades diarias. Sin embargo, como se ha señalado, el camino hacia una ciber-resiliencia óptima requiere inversiones adecuadas, cooperación entre el sector público y el privado y un marco jurídico sólido que permita responder con rapidez a las ciber-amenazas.
DÍA 1, PANEL 2 – Infraestructuras críticas y ciberseguridad: Casos de Brasil y Estados Unidos
Washington Alves da Rosa (Brasil), Superintendente de Seguridad Corporativa – Itaipu Binacional
Brasil cuenta con más de 1.100 instalaciones y servicios que, en caso de interrupción o destrucción, podrían tener graves repercusiones sociales, medioambientales, económicas, políticas, internacionales o para la seguridad del Estado. Algunos ejemplos son la represa de Itaipú, el aeropuerto de Guarulhos en São Paulo, el puerto de Santos y las plantas de energía nuclear. La extensión del área bajo responsabilidad de la Seguridad Corporativa de Itaipú incluye un área total de 49 km² para la central hidroeléctrica (margen izquierda brasileña: 15,2 km², margen derecha paraguaya: 33,8 km²), una represa de 7,92 km con una altura de 196 metros, un embalse de 170 km con un área inundada de 1.350 km², y reservas y refugios que suman 410,39 km². Además, la extensa frontera fluvial entre Brasil y Paraguay, con el lago de Itaipú como principal vía navegable, facilita el movimiento de personas y mercancías. Posicionada dentro de la influencia de la Triple Frontera Brasil-Paraguay-Argentina, la ubicación geográfica de Itaipú favorece las actividades ilegales y proporciona cobertura a terroristas y miembros de grupos radicales menores.
La zona geográfica que rodea Itaipú constituye la vanguardia de los acuerdos comerciales entre Brasil, Paraguay y Argentina. Se han identificado células terroristas en la región; la mezcla de culturas y religiones de la zona, su gran dependencia del comercio y el turismo y su ubicación estratégica crean un entorno que atrae a terroristas que pueden explotar estas características para ocultarse y obtener ventajas operativas. Las medidas de vigilancia y seguridad cubren la ruta del lago y las carreteras que conectan Brasil y Paraguay dentro del perímetro de la planta. La Política de Seguridad de Itaipú abarca el cumplimiento de las normas, las medidas de seguridad, la vigilancia constante y el estatus de prioridad. Incluye monitoreo y análisis de amenazas, alianzas y cooperación, políticas actualizadas, inversión en capacitación, tecnología avanzada y concientización pública. La seguridad física se refuerza a través de acuerdos y asociaciones con diversos organismos de seguridad, mientras que Itaipú y el Centro de Estudios Avanzados en Protección de Infraestructuras Estratégicas apoyan los esfuerzos de ciberseguridad.
DÍA 1, PANEL 3 – El impacto del mercado ilegal de vaporizadores y cigarrillos en las regiones fronterizas
André Faissal (Brasil), Director de Planificación Estratégica de British American Tobacco (BAT)
Se calcula que en 2023 Brasil perdió 440.000 millones de reales por la venta ilegal en el mercado negro que afectó a una serie de productos, como cigarrillos, ropa, alcohol, productos químicos agrícolas, electrónica y perfumes. El comercio ilegal de cigarrillos es especialmente rentable para las organizaciones criminales y las milicias, que se aprovechan de los elevados impuestos que gravan los cigarrillos en Brasil, que oscilan entre el 70% y el 90%, lo que hace que el contrabando sea muy lucrativo. Este mercado también está vinculado a otros delitos, como el fraude, la falsificación y la piratería.
Aproximadamente 39.000 millones de cigarrillos entran ilegalmente en Brasil cada año, lo que supone unas pérdidas de 10.000 millones de reales para negocios legítimos. En algunas zonas de Río de Janeiro, São Paulo y partes del Nordeste, sólo se pueden adquirir cigarrillos paraguayos debido a las restricciones impuestas por las milicias, que prohíben los cigarrillos brasileños. Este comercio ilícito no sólo supone un riesgo para la salud pública, sino que también refuerza la delincuencia organizada. Según los informes, Paraguay produce unos 50.000 millones de cigarrillos al año para una población fumadora de 500.000 personas, lo que sugiere una tasa de consumo diario poco realista de 15 paquetes por persona. Además de Brasil, estos cigarrillos se introducen de contrabando en Chile, Perú, Venezuela y Colombia, lo que pone de relieve el carácter transfronterizo del problema. Las rutas de contrabando establecidas introducen entre el 80% y el 85% de estos productos en Brasil a través de Mato Grosso do Sul y Paraná. Una ruta alternativa envía entre el 10% y el 15% a través de Bolivia, luego el puerto chileno de Iquique, alrededor de Sudamérica, a través del Canal de Panamá y hacia Surinam. De hecho, Surinam se ha convertido en un centro de mercancías de contrabando procedentes de Paraguay que llegan al norte y noreste de Brasil a través de la navegación costera. Estas regiones representan actualmente entre el 12% y el 15% de todo el contrabando de cigarrillos en Brasil, siendo los cigarrillos el artículo más frecuentemente incautado por la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil; sólo Mato Grosso do Sul y Paraná representan el 60% de este volumen.
La última preocupación en el mercado ilegal tiene que ver con la reforma fiscal de Brasil, que aumentará el precio mínimo de los cigarrillos de 5 a 6,50 reales y elevará los impuestos. Es probable que esta reforma empuje a las empresas legales a subir los precios, ampliando aún más la diferencia de precios con los productos ilegales. Además, las incautaciones de cigarrillos electrónicos, vape, han aumentado considerablemente, ya que estos productos se introducen en su totalidad de contrabando desde Paraguay y China.
DÍA 1, PANEL 4 – Desafíos para una frontera segura: Paraguay – Brasil
Luiza Lux (Brasil), Jefa de la Policía Federal de Carreteras en Foz do Iguaçu (PR-Brasil)
En el Puente Internacional de la Amistad, que une Brasil y Paraguay, la actividad es intensa y constante. Miles de personas cruzan diariamente por diversos motivos, desde el trabajo y la educación hasta la atención sanitaria. Este elevado tráfico incluye miles de camiones, motocicletas y automóviles, lo que convierte la zona en un lugar ideal para la delincuencia transfronteriza. Pronto, un nuevo puente conectará también Brasil y Paraguay, lo que se sumará a esta dinámica. La policía brasileña se enfrenta al reto de comprender las leyes de los países vecinos, ya que la interdependencia en la frontera implica dimensiones económicas, sociales, educativas, de salud pública y de seguridad pública que afectan a ambas partes. La Policía Federal de Carreteras (PRF) desempeña un papel crucial a la hora de garantizar la seguridad vial y fronteriza, centrándose en hacer cumplir las leyes de tráfico para impedir el paso de mercancías y personas ilegales, llevar a cabo una labor policial visible para disuadir de la delincuencia, educar al público en materia de seguridad vial, prestar ayuda y registrar incidentes en caso de accidente, y combatir directamente la delincuencia, en particular los problemas transfronterizos como el tráfico y el contrabando de drogas y armas.
Para hacer frente a estos retos, las estrategias incluyen actuaciones policiales basadas en inteligencia, formación especializada, estrecha cooperación con las fuerzas de seguridad vecinas mediante el intercambio de información y operaciones conjuntas, e inversiones en tecnología, infraestructuras y equipos. Este nivel de interdependencia exige un enfoque coordinado entre diversos sectores y países. Estas acciones han dado lugar a importantes incautaciones, con cifras notables como las 192 toneladas de marihuana (un aumento del 170% respecto a la media de diez años), las 127 toneladas de marihuana solo en los seis primeros meses de 2024, los 1.980 kg de cocaína (también en el primer semestre de 2024), los 16 millones de paquetes de cigarrillos y los 249.000 cigarrillos electrónicos, vape incautados durante el mismo periodo.
DÍA 1, PANEL 4 – Desafíos para una frontera segura: Paraguay – Brasil
Luciano Stremel Barros (Brasil), Presidente del Instituto para el Desarrollo Económico y Social de las Fronteras (IDESF)
El panorama social de las zonas fronterizas y las vías para construir una agenda positiva para estas regiones revelan un panorama más amplio: El PIB de Brasil asciende a 2,2 billones de dólares, con un comercio exterior total de 580.000 millones de dólares. Por las aduanas y las fronteras circula un intenso comercio internacional. Sin embargo, delitos como el tráfico de drogas, armas y trata de personas, junto con la corrupción y el contrabando, no sólo afectan a Brasil, sino que se extienden a países vecinos como Paraguay, Argentina, Colombia y Ecuador. Muchos siguen considerando el contrabando como un «mal menor», pero se sustenta en empresas delictivas rentables como el blanqueo de dinero. Los problemas de seguridad son especialmente importantes en regiones con escasa presencia estatal, como las cuencas del Plata y del Amazonas, donde las primeras medidas de seguridad no han hecho más que empezar. Alrededor de 12 millones de personas viven a lo largo de la frontera occidental de Brasil, de las cuales 8,2 millones se encuentran en el grupo de edad económicamente activo (de 15 a 65 años), lo que las hace vulnerables a la delincuencia. Esta vulnerabilidad es especialmente cierta en el caso de los jóvenes, ya que el crimen organizado suele ofrecer salarios más altos que los empleos formales.
Entre las prioridades fundamentales para promover una agenda fronteriza positiva se encuentran el fomento de la transparencia, el fortalecimiento de los procesos democráticos, la descentralización de las iniciativas y el diseño de políticas públicas adaptadas a las necesidades locales. La mejora de las economías formales, la creación de empleo, la mejora de la capacitación de la mano de obra, el refuerzo de la capacidad institucional y el aprovechamiento del potencial de la región -como el turismo, el transporte, la agricultura y la industria- son fundamentales para el progreso. El fortalecimiento institucional ha avanzado recientemente, marcado por una mayor cooperación entre la policía, las fuerzas de seguridad, el poder judicial y otras entidades públicas y privadas. Las iniciativas conjuntas derivadas de acuerdos transfronterizos, como la Política Nacional de Fronteras, el Acuerdo de Localidades Fronterizas Vinculadas y las Oficinas de Gestión Integrada de Fronteras, han impulsado mejoras sustanciales. La adopción de un modelo de liderazgo rotatorio similar al Comando Tripartito para optimizar las Oficinas de Gestión Integrada de Fronteras permitiría compartir la responsabilidad entre las entidades estatales y federales. Las entrevistas con representantes de estas oficinas en todo Brasil pusieron de relieve áreas susceptibles de mejora: formación integrada, rotación del liderazgo, actualizaciones legislativas, mayor participación del gobierno federal, más recursos para las regiones fronterizas y mayor coordinación entre los estados y el gobierno federal.
DÍA 1, PANEL 5 – Hezbolá en la Triple Frontera: Evolución histórica y dinámica actual
Christian Vianna de Azevedo (Brasil), Subsecretario de Integración de la Seguridad Pública del Departamento de Estado de Justicia y Seguridad Pública de Minas Gerais
La conexión entre delincuencia y terrorismo es un fenómeno complejo y en evolución que varía según la región, con repercusiones que trascienden las fronteras y generan implicaciones globales. Este nexo entre delincuencia y terrorismo erosiona la estabilidad política, económica y social y obstaculiza el desarrollo. El crimen organizado proporciona a los grupos terroristas recursos esenciales, como financiación, armas y logística, mientras que el terrorismo fomenta la inestabilidad que permite a las organizaciones criminales operar con mayor libertad. Este ciclo, que se refuerza mutuamente, amenaza significativamente la gobernanza y la seguridad mundiales, lo que exige respuestas internacionales coordinadas.
Antes de que se perpetre un atentado, se producen una serie de acciones preparatorias: la radicalización, en la que los individuos adoptan creencias extremistas; el reclutamiento, en el que nuevos miembros son atraídos al grupo; la financiación, que asegura los recursos para apoyar las operaciones; y la logística, que abarca desde la adquisición de armas hasta la planificación del atentado. La naturaleza transfronteriza de estas actividades permite a algunos grupos terroristas, especialmente a los que están profundamente vinculados a empresas criminales, evitar ser detectados por las autoridades. En Brasil, la importante comunidad de inmigrantes libaneses es mayoritariamente respetuosa con la ley, aunque una pequeña parte tiene vínculos con actividades relacionadas con el terrorismo. Por ejemplo, Farouk Omairi, que llegó en la década de 1980 y tenía negocios en Paraguay y Curitiba, estuvo vinculado a la logística de un atentado terrorista en Argentina. Fue detenido en 2006 por la Policía Federal brasileña por tráfico internacional de cocaína, cumplió condena y vivió entre Foz do Iguaçu y Ciudad del Este. Tras la reapertura de la investigación del atentado a la AMIA en 2023, se emitió una orden de detención, pero ya no se encuentra en la región tri-fronteriza. Otro personaje, Joseph Nasrallah, en su día el narcotraficante libanés más famoso de Sudamérica, cumple actualmente condena en São Paulo.
En estos casos, las estrategias de investigación se centran en perseguir delitos conocidos, como el tráfico de drogas, debido a la dificultad de reunir pruebas sobre la implicación en terrorismo. Se han encontrado conexiones entre el PCC (Primeiro Comando da Capital) de Brasil y organizaciones terroristas, lo que demuestra que estas redes están interconectadas. Las redes de Hezbolá están bien establecidas en Brasil, principalmente en Foz do Iguaçu, y en los últimos años también se han identificado en el estado de Minas Gerais.
DÍA 2, ITAIPÚ BINACIONAL. HERNANDARIAS, PARAGUAY
DÍA 2, PANEL 1 – OPERACIÓN VENERATIO – Operación Armada Conjunta entre la Policía Nacional Paraguaya y las Fuerzas Armadas de Paraguay para Recapturar la Penitenciaría de Tacumbú
Carlos Humberto Benítez (Paraguay), Comandante de la Policía Nacional
La policía paraguaya lanzó la Operación Veneratio para recuperar el control de la Penitenciaría de Tacumbú, una prisión cada vez más dominada por el crimen organizado, en particular por el Clan Rotela. Diseñada para desmantelar las actividades de la banda, la operación pretendía reducir el papel de la prisión como centro de reclutamiento de redes criminales. Mediante medidas intensivas, la policía trató de interrumpir las actividades ilícitas dentro del centro, un paso fundamental para restablecer el orden y evitar que la influencia de la delincuencia organizada se extendiera aún más en el sistema penitenciario nacional. La Penitenciaría de Tacumbú, que albergaba a 2.788 reclusos, había superado durante mucho tiempo su capacidad, creando condiciones que fomentaban la actividad criminal descontrolada y permitían a grupos organizados como el Clan Rotela reclutar libremente. Para retomar el control sobre de la penitenciaria, el Comisario General Director Carlos Humberto Benítez González dirigió la Operación Veneratio, desplegando 2.318 efectivos de seguridad. Mientras la Policía Nacional de Paraguay gestionaba las intervenciones internas, las Fuerzas Armadas aseguraban el perímetro, con el objetivo de restablecer el orden y frenar la creciente violencia que asolaba la prisión desde 2016.
La operación logró restablecer el orden dentro de la prisión, trasladando a los líderes criminales bajo fuertes medidas de seguridad, incluido a Rotela y 18 de sus colaboradores más cercanos. Esta operación produjo un descenso del 74% de la actividad delictiva en la zona circundante del Bañado Sur, que anteriormente había sido invadida por operaciones ilegales vinculadas a la prisión. Otra iniciativa, el Operativo Joapy, lanzado el 4 de abril, expulsó al Brasil a 25 reclusos de alto perfil relacionados con bandas como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). En conjunto, estas operaciones marcan la postura reforzada de Paraguay contra el crimen organizado dentro de su sistema penitenciario, con el objetivo de mejorar la seguridad interna y la seguridad de la comunidad.
DÍA 2, PANEL 2- Financiación del terrorismo desde el atentado del 11 de septiembre de 2001 hasta el atentado del 7 de octubre de 2023 – Lecciones aprendidas
Celina Realuyo (EE.UU.), Profesora de Práctica en el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry
«Seguir el rastro del dinero» y el uso de la inteligencia financiera se convirtieron en temas de primer orden sólo después de los trágicos atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando la Administración de George W. Bush quiso saber quién financió la operación y trató de impedir la financiación de atentados futuros. A diferencia del blanqueo de dinero, que oculta el origen criminal, la financiación del terrorismo puede proceder de fuentes legítimas y de aliados ideológicos. La estrategia de Estados Unidos consta de tres pilares: (1) operaciones policiales y de inteligencia para detectar, detener y desmantelar redes de financiadores del terrorismo, (2) sanciones y designaciones públicas para nombrar y avergonzar a países, empresas, organizaciones y personas que apoyan el terrorismo y (3) desarrollo de capacidades para garantizar que los países dispongan de las leyes, la regulación, la aplicación de la ley y los procesos judiciales necesarios para llevar a los financiadores del terrorismo ante la justicia y salvaguardar los sistemas financieros del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El estudio de caso de los atentados del 11-S muestra cómo Estados Unidos y otros gobiernos necesitaron utilizar la inteligencia financiera para comprender cómo Al Qaeda se aprovechó del sistema bancario y de las empresas de servicios monetarios para financiar los preparativos y la ejecución de los atentados del 11-S en los que murieron 2.977 personas, además de los 19 terroristas. El caso del Estado Islámico (ISIS/Daesh) mostró cómo se convirtió en el Estado terrorista y criminalizado más rico del mundo mediante la extorsión, la venta ilegal de petróleo, la trata de personas y la venta ilegal de antigüedades. Estados Unidos y sus aliados atacaron a los principales líderes financieros del ISIS en Irak y Siria para descabezar a los grupos y desmantelar las redes financieras que contribuyeron a la derrota del grupo. Más recientemente, los grupos terroristas han utilizado cada vez más el ciberespacio para sus operaciones de apoyo. Hamás, responsable del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, recibió más de 43 millones de dólares a través de criptomonedas entre 2000 y 2003. Los financiadores de Hezbolá en Sudamérica se dedican al tráfico de cocaína para generar ingresos y a la minería de criptomonedas, aprovechando la energía barata generada en la Triple Frontera por la represa de Itaipú. En los últimos 20 años, los gobiernos han incrementado el uso de la inteligencia financiera para complementar las investigaciones antiterroristas y contra la delincuencia y llevar a los financiadores ante la justicia, ya que el dinero sirve de oxígeno a las redes criminales y terroristas.
DÍA 2, PANEL 3 – Casos de éxito del sistema judicial paraguayo en la lucha contra el lavado de dinero procedente del narcotráfico y nuevos retos
Osmar David Legal Troche (Paraguay), Juez Penal de Garantías contra el Crimen Organizado
Respaldado por un sólido marco jurídico, el sistema judicial de Paraguay ha logrado importantes victorias en la lucha contra el lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Medidas legislativas fueron claves, como la Ley 6379/2019, ha introducido competencias especializadas en el poder judicial para hacer frente a las actividades criminales organizadas y financieras. El compromiso de Paraguay con las convenciones internacionales, incluidas las que apuntan al tráfico ilícito de drogas y al crimen transnacional, ha moldeado profundamente las políticas locales. Como miembro fundador de GAFISUD (ahora GAFILAT), la organización regional contra el lavado de dinero, Paraguay también subraya su dedicación a la transparencia financiera y a las iniciativas contra la corrupción.
En un caso histórico que destaca el compromiso de Paraguay con el desmantelamiento de las redes de delincuencia organizada, las autoridades incautaron la «Estancia 4 Filhos», una propiedad adquirida con fondos ilícitos por la organización criminal liderada por Chimenes Pavao. Situada estratégicamente cerca de la frontera con el Brasil, la finca había facilitado durante mucho tiempo las operaciones transfronterizas de tráfico de cocaína. Aprovechando los mecanismos autónomos de decomiso previstos en la legislación paraguaya, las autoridades se hicieron con el control de la finca, desbaratando así la infraestructura financiera en la que se apoyaba la empresa criminal de Jarvis Chimenes Pavao, que había invertido ampliamente en bienes inmuebles para blanquear los beneficios procedentes del narcotráfico. Además de poner freno a las actividades de narcotráfico, esta operación también permitió la restitución de parte de la finca a la comunidad indígena Pa’i Tavyterá, lo que marcó un hito importante en la búsqueda de la justicia social y la recuperación económica de activos vinculados a redes delictivas en Paraguay.
DÍA 2, PANEL 4 – Optimización de las herramientas para el decomiso inmediato de bienes procedentes de actividades criminales
Gonzalo García de Zuñiga Olmedo (Paraguay), Director General de Asesoría Jurídica, Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Decomisados (SENABICO)
La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) de Paraguay ha dado pasos decisivos para agilizar el decomiso y la gestión de los bienes de grupos criminales organizados. Construida sobre la base de la Ley 5876/17, la SENABICO se encarga de administrar los bienes incautados, estableciendo disposiciones claras para su uso temporal, control y eventual subasta. Bajo el liderazgo del Director Gonzalo García de Zúñiga Olmedo, la SENABICO ha cumplido su mandato con el apoyo de los Decretos 8668/18 y 8519/22, que ayudan a asegurar, administrar y reorientar los activos criminales hacia el erario público para evitar la reintegración de activos a las redes criminales.
La estrategia de la SENABICO utiliza un sistema integrado de gestión de activos, asociaciones estratégicas con terceros especialistas para mantener los activos y la cooperación interinstitucional con entidades como la SEPRELAD, la SENAD y la Policía Nacional. El Director García de Zúñiga hace hincapié en la función preventiva de las incautaciones de activos, cuyo objetivo es desmantelar rápidamente los fundamentos financieros de la delincuencia organizada. Mediante subastas periódicas y el uso provisional de activos, la SENABICO genera importantes ingresos públicos y refuerza la rendición de cuentas en la gestión de activos, lo que demuestra el compromiso de Paraguay con la transparencia financiera y la asignación eficaz de recursos en su lucha contra el crimen organizado.
DÍA 2, PANEL 5 – Las nuevas funciones de las fuerzas armadas en la seguridad interior y las catástrofes climáticas
Manuel Rodríguez Sosa (Paraguay), Comandante del Ejército paraguayo
Ante la evolución de las amenazas a la seguridad y el aumento de las emergencias relacionadas con el clima, el Ejército paraguayo ha ampliado su ámbito operativo para hacer frente a retos multifacéticos. Con el mandato constitucional de apoyar la defensa civil y restablecer el orden interno cuando lo ordene el presidente, las fuerzas armadas han participado en diversas misiones, desde cooperar con la lucha contra el crimen organizado hasta la respuesta a desastres naturales. Las operaciones conjuntas, como «Basalto» con Brasil, ejemplifican una misión ampliada dirigida contra las redes criminales transfronterizas. Sólo la operación «Basalto» dio como resultado la incautación de casi 280.000 kilogramos de marihuana, dando un golpe decisivo a la infraestructura financiera de varias organizaciones delincuenciales que siguen amenazando la estabilidad nacional de Paraguay.
En respuesta a una serie de emergencias relacionadas con el clima y la escalada de los desafíos de seguridad interna, el Ejército paraguayo ha ampliado su papel más allá de la defensa tradicional. En virtud de un mandato constitucional de apoyo a la protección civil, las fuerzas armadas han pasado a ser fundamentales en la ayuda humanitaria y la seguridad interna. Iniciativas como Y Ñemono’õ e Y Jeroja ilustran esta misión, con el Ejército entregando más de 2,6 millones de litros de agua potable y restaurando infraestructuras críticas en áreas afectadas por las inundaciones. Este doble papel refuerza las defensas de Paraguay contra las crisis naturales y de seguridad, afirmando el papel central de los militares en la estabilidad nacional.
DÍA 2, PANEL 6 – Actores extrarregionales que amenazan la seguridad del hemisferio occidental
Joseph Humire (EE.UU.), Director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS)
Los actores externos siguen desestabilizando el hemisferio occidental explotando las vulnerabilidades de la región a través de intrincadas economías ilícitas. Mediante el lavado de dinero basado en el comercio (LDBC) y otras actividades criminales transnacionales, grupos como Hezbolá, los cárteles mexicanos y las redes delincuenciales de Venezuela y Brasil han establecido vínculos de cooperación con pandillas regionales como la MS-13 y Barrio 18. Estas alianzas forman una sofisticada red que permite a los actores extranjeros y locales atrincherarse en América Latina, infiltrándose en la región a través de intrincadas economías criminales.
La convergencia del crimen organizado con actores no estatales ha introducido amenazas complejas y multifacéticas para la estabilidad regional. Aprovechando las turbulencias económicas de Venezuela, muchos de estos grupos han ampliado sus operaciones, integrándose en las economías ilícitas de América Latina. Para hacer frente a esta fusión de delincuencia organizada y terrorismo se requiere una estrategia global coordinada que vaya más allá de los límites de la aplicación tradicional de la ley. Este complejo reto requiere un enfoque global que abarque el intercambio de inteligencia, el seguimiento financiero y la colaboración diplomática entre las naciones. El refuerzo de los marcos jurídicos para perseguir a los delincuentes transnacionales, el despliegue de grupos de trabajo especializados y la realización de operaciones conjuntas transfronterizas son esenciales para una respuesta eficaz. Además, las alianzas con organizaciones internacionales, entidades del sector privado e iniciativas regionales de seguridad son vitales para desmantelar las redes profundamente arraigadas que alimentan tanto la criminalidad como la actividad extremista. La comunidad internacional sólo puede contrarrestar estas amenazas entrelazadas a la estabilidad regional e internacional adoptando una estrategia holística.
DÍA 2, PANEL 7 – Unidad de Inteligencia Penitenciaria y Cooperación Internacional
Fabiano Bordignon (Brasil), Policía Federal de Foz do Iguaçu
El crimen organizado dentro de los sistemas penitenciarios de Brasil sigue siendo una amenaza significativa para la estabilidad nacional y regional debido a las sólidas redes criminales que operan tras las rejas. Los problemas persistentes de sobrepoblación, recursos insuficientes y el aumento de la violencia han empujado a la infraestructura penitenciaria de Brasil a implementar adaptaciones hacia la reforma penitenciaria. El Departamento Nacional de Administración Penitenciaria (SENAPPEN) ha desarrollado un modelo federal que hace hincapié en la vigilancia rigurosa y la reclusión en régimen de aislamiento de los reclusos de alto riesgo, con el fin de evitar fugas y reprimir las comunicaciones ilícitas que alimentan las redes de delincuencia organizada que operan entre los muros de las prisiones. Además de estas medidas, Brasil ha reforzado sus marcos de intercambio de inteligencia y ha puesto en marcha iniciativas como el Programa Integrado de Protección de Fronteras, que mejora la capacidad del país para interceptar actividades delictivas más allá de sus fronteras. Al abordar las deficiencias del sistema penitenciario brasileño, estas estrategias son cruciales para impedir que las organizaciones criminales transnacionales se atrincheren en las prisiones y amplíen su influencia en toda la región.
Brasil ha reforzado su lucha contra la delincuencia transfronteriza a nivel internacional a través de alianzas estratégicas como el Comando Tripartito y el Centro de Fusión de Foz do Iguaçu. Sobre la base de estas colaboraciones internacionales, Brasil ha forjado sólidos marcos de intercambio de información, incluida la REDCOPEN, establecida por los Ministros de Justicia del MERCOSUR en 2019, para facilitar el intercambio de datos en tiempo real sobre detenidos extranjeros entre países vecinos. Al mejorar la cooperación regional en materia de inteligencia, Brasil destaca la importancia de la inversión sostenida en medidas conjuntas de seguridad.
DÍA 3, PUERTO IGUAZU, ARGENTINA
DÍA 3, PANEL 1 – Situación del Servicio Penitenciario Argentino: Reconstrucción de la Inteligencia Penitenciaria
Julián Curi (Argentina), Subsecretario de Asuntos Penitenciarios
El sistema penitenciario argentino, sometido a la presión de la sobrepoblación y la escasez de recursos, se enfrenta a amenazas crecientes a medida que las redes criminales utilizan las prisiones para la coordinación y el reclutamiento. En respuesta, Argentina ha puesto en marcha una amplia reforma de su marco de inteligencia penitenciaria, abordando estas vulnerabilidades mediante la intensificación de las medidas de vigilancia y la persecución de las operaciones ilegales dentro de los centros penitenciarios. Con un mayor énfasis en la formación del personal en técnicas de vigilancia sofisticadas y la integración de tecnologías avanzadas, esta estrategia mejora la capacidad de Argentina para controlar y mitigar la actividad criminal dentro de las instalaciones penitenciarias.
Un elemento central de estas reformas es una estrategia coherente que se ajuste a los objetivos generales de seguridad pública de Argentina, consistentes en reducir el control de grupos criminales organizados dentro de las prisiones y en toda la sociedad. La mejora de la colaboración con los socios regionales refuerza aún más las capacidades de inteligencia penitenciaria de Argentina, ya que el intercambio de información sobre las actividades criminales de los reclusos fortalece una postura colectiva contra los grupos criminales transnacionales. Estas iniciativas representan un paso decisivo en la estrategia de Argentina para frenar el crimen organizado centrándose en las actividades ilícitas dentro de sus prisiones.
DÍA 3, PANEL 2 – AMIA 30 años después: Conexiones con la Triple Frontera
Joseph Humire (EE.UU.), Director Ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS)
El ataque a la AMIA, un atentado devastador contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires en 1994 mató a 85 personas e hirió a cientos, marcando uno de los incidentes terroristas más mortíferos de América Latina. Este atentado sigue siendo un duro recordatorio de los persistentes problemas de seguridad en la Triple Frontera. El caso AMIA puso al descubierto una sofisticada red de agentes extranjeros activos en Sudamérica, y la participación de Hezbolá subrayó su alcance estratégico en la región. Hezbolá y sus financiadores se aprovechan de la escasa supervisión y de la porosidad de las fronteras de la zona, utilizando el blanqueo de dinero mediante operaciones comerciales y otros mecanismos ilícitos para canalizar recursos y evadir las sanciones internacionales.
El caso de la AMIA ilustra las persistentes amenazas que representan estos actores, que aprovechan las vulnerabilidades transnacionales de la Triple Frontera para sostener sus operaciones. Durante tres décadas, los servicios de inteligencia han señalado la existencia de un vínculo entre el crimen organizado y los grupos extremistas en la zona, consolidándola como centro de actividades ilícitas. La presencia de estas redes pone de relieve la urgente necesidad de cooperación regional e intercambio de inteligencia para desbaratar los canales de financiación y prevenir futuros atentados. Las enseñanzas aprendidas del atentado contra la AMIA siguen sirviendo de base para las iniciativas antiterroristas y de inteligencia en toda América y subrayan la necesidad de vigilancia y colaboración en la lucha contra las amenazas asimétricas.
DÍA 3, PANEL 3 – Ciberdelincuencia en América Latina
Dr. Boris Saavedra (EE.UU.), Profesor del Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry
El aumento de la digitalización en toda América Latina, especialmente durante la pandemia, ha dejado a la región vulnerable a una rápida escalada de la ciberdelincuencia. Este cambio digital ha abierto las puertas a los grupos del crimen organizado, que a menudo trabajan con cárteles de la droga y otras redes, para explotar los espacios en línea a través del phishing, el ransomware y la minería de criptomonedas. Solo en 2024, América Latina registró un asombroso aumento del 61,7% en los ataques de phishing, con un promedio de 544 ataques por minuto.
Tecnologías emergentes como la 5G y la inteligencia artificial agregan otra capa a este desafío, aportando beneficios potenciales y mayores riesgos. Los ciberdelincuentes, movidos por motivos financieros, el «hacktivismo» ideológico o el patrocinio estatal, atacan cada vez más infraestructuras críticas y datos personales sensibles. Hacer frente a esta amenaza exige una mayor colaboración regional y el desarrollo de un marco cibernético unificado. Aunque algunos países latinoamericanos han comenzado a implementar regulaciones de ciberseguridad, la mayoría aún carece de marcos institucionales integrales, dejando a los gobiernos luchando para igualar la sofisticación de las tácticas de los cibercriminales en este campo de batalla digital en evolución.
DÍA 3, PANEL 4 – Nuevos Desafíos en la Política Penitenciaria Paraguaya con la Introducción de Nuevas Cárceles
Víctor Manuel Benítez Salinas (Paraguay), Viceministro de Política Criminal
Los recientes avances de Paraguay en materia de política penitenciaria reflejan el compromiso de modernizar su sistema penitenciario con instalaciones de última generación y medidas de seguridad innovadoras. Las reformas paraguayas han introducido un nuevo modelo de gestión penitenciaria que mejora la seguridad, hace hincapié en la rehabilitación estructurada de los reclusos y se ajusta a las normas internacionales de derechos humanos. La incorporación de módulos de alta seguridad con reconocimiento facial y sistemas de vigilancia en tiempo real pretende contener el crimen organizado dentro de los muros de la prisión. Al mismo tiempo, las audiencias virtuales reducen los traslados de reclusos y agilizan los procesos judiciales.
Un elemento central de esta transformación es la formación avanzada impartida al personal penitenciario a través de asociaciones con instituciones militares y educativas. Estas reformas implementan rutinas diarias estructuradas y diversos programas de rehabilitación, incluyendo apoyo académico, vocacional y psicológico, para ayudar a la reintegración de los reclusos. Las nuevas instalaciones, como el Centro de Reinserción Social Martín Mendoza, abordan la sobrepoblación a la vez que crean entornos controlados que separan a los condenados de los que están a la espera de juicio. El nuevo enfoque de Paraguay demuestra el compromiso del país con la mitigación de los riesgos de seguridad en sus prisiones y el fomento de una reinserción satisfactoria.
DÍA 3, PANEL 6 – Trata de personas en la frontera, una amenaza actual
Celina Realuyo (EE.UU.), Profesora de Práctica en el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry
La migración irregular, el contrabando y la trata de personas amenazan la seguridad y la prosperidad de los países del hemisferio occidental. Estamos siendo testigos de migraciones masivas sin precedentes en todo el mundo, especialmente en las Américas con destino a Estados Unidos. Más de 8 millones han abandonado Venezuela bajo el régimen de Maduro y representan el mayor grupo de migrantes que huyen de su patria, en el mundo. Millones de personas de más de 100 nacionalidades están llegando a Estados Unidos para solicitar asilo político, aunque la mayoría son migrantes económicos y climáticos. Por desgracia, vemos cómo la trata de personas, en la que los traficantes cobran comisiones para facilitar el movimiento transfronterizo de personas, y la trata de personas, una forma de esclavitud moderna, se convierten en delitos cada vez más lucrativos. La trata de seres humanos incluye la explotación sexual, los trabajos forzados y/o el tráfico de órganos, y más del 70% de las víctimas son mujeres y niños. Las Naciones Unidas estiman que el negocio de la trata de personas mueve más de 150.000 millones de dólares al año. El negocio del tráfico y la trata de personas se está expandiendo con el aumento de la digitalización y el uso de las redes sociales para publicitar, reclutar y financiar esta economía ilícita. Estados Unidos y sus países socios están utilizando el paradigma de las «3P» (persecución, protección y prevención) en todo el mundo para combatir la trata de seres humanos.
La migración irregular, con millones de personas en marcha, se ha convertido en una amenaza para la seguridad nacional ante el temor de que terroristas y delincuentes crucen fácilmente las fronteras. Estados Unidos registra un número récord de migrantes irregulares que han cruzado al país desde Canadá y México, entre ellos miles de delincuentes conocidos y más de 100 individuos incluidos en la lista de vigilancia terrorista que han sido interceptados. En marzo de 2024, un ciudadano libanés de 22 años que cruzó el Tapón del Darién fue detenido en la frontera de Texas y confesó ser miembro de Hezbolá en camino a Nueva York para armar una bomba. Para mejorar la seguridad fronteriza, Estados Unidos y México cooperan en muchos frentes. Potencian las operaciones de vigilancia, detección e interdicción con recursos humanos, caninos y tecnológicos (sensores/drones). Ambos países están recopilando datos biométricos de los migrantes y compartiendo más información e inteligencia. Estados Unidos y México están llevando a cabo más detenciones, deportaciones y extradiciones para luchar contra el terrorismo y la delincuencia. Para luchar contra la trata de personas, los países deben encontrar y rescatar a las víctimas, identificar y perseguir a los traficantes y sus financiadores, proteger a los migrantes y educar a la población para que denuncie el delito y evite la victimización de los migrantes por parte de los traficantes. Este reto de seguridad que impone la migración irregular requiere una mayor cooperación interinstitucional e internacional.
DÍA 3, PANEL 7 – Lecciones aprendidas en la lucha antiterrorista, el Informe AMIA y la creación del Comando Tripartito
Miguel Angel Toma (Argentina)
El atentado contra la AMIA en Argentina en 1994 constituyó un momento crucial en la lucha contra el terrorismo en Sudamérica, y puso de manifiesto la necesidad de una estrategia antiterrorista global. Las secuelas de este trágico atentado revelaron la arraigada presencia de redes terroristas extranjeras que operaban en la región, especialmente en la porosa zona de la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay). Como respuesta, la creación del Comando Tripartito resultó esencial para mejorar los esfuerzos de colaboración en materia de seguridad a través de las fronteras nacionales. Una estructura de mando coordinada permitió a Argentina, Brasil y Paraguay combinar recursos de inteligencia, capacidades operativas y marcos jurídicos para contrarrestar las amenazas transnacionales planteadas por las organizaciones terroristas.
Las enseñanzas aprendidas del caso AMIA resaltaron la importancia del intercambio de inteligencia, la coordinación operativa transfronteriza y la armonización jurídica para luchar contra el terrorismo. El Comando Tripartito sirve ahora de modelo para otras iniciativas de seguridad regional, demostrando cómo la cooperación multinacional puede hacer frente a complejos retos de seguridad en un mundo cada vez más interconectado. El caso AMIA subraya la necesidad de estrategias sostenidas y adaptables en la lucha antiterrorista para hacer frente a las amenazas cambiantes en todo el continente americano.
Conclusión
A lo largo de los tres días, los participantes compartieron una gran cantidad de ideas prácticas y lanzaron un llamamiento para mejorar la seguridad regional a través de una mayor interconectividad en las Américas. La Triple Frontera, a menudo considerada como un punto de convergencia de los retos de seguridad, surgió de los debates como un faro de potencial sin aprovechar, donde la colaboración puede transformar las vulnerabilidades en fortalezas. El énfasis del foro en la innovación, la colaboración y la reforma sistémica puso de manifiesto que la complejidad de las amenazas actuales exige respuestas igualmente sofisticadas y unificadas.
Como modelo para la acción colectiva, el foro demostró que las enormes barreras de la geografía y la política pueden superarse mediante enfoques innovadores y colaborativos. Estas ponencias en la Triple Frontera nos recuerdan que la seguridad no es sólo un objetivo, sino una responsabilidad compartida que trasciende las fronteras y fomenta la unidad frente a la complejidad. Y la necesidad de reactivar las iniciativas acertadas tomadas luego del ataque 11 S en el cono sur, de la iniciativa del 3+1 (Argentina, Brasil, Paraguay más Estados Unidos), aplicando las lecciones aprendidas y renovar dicha iniciativa con más fuerza.
